16 de diciembre de 2009

La montaña mágica de Dominique Perrault en León

Palacio de consensos

El Gobierno de España, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de León decidieron rendir durante las pasadas semanas su particular tributo a la Constitución española. En efecto, nuestra Carta magna, tan alabada como poco leída y a menudo invocada sesgadamente o en vano, dice en su articulado que la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo, entre otros, al principio de coordinación. Por lo tanto, no debería de ser noticia relevante el hecho de que las tres administraciones, dos gobernadas por los socialistas y una por los populares, hayan aunado sus esfuerzos para posibilitar la realización en los próximos años de un proyecto que será revulsivo para León, especialmente para la hasta ahora descuidada zona oeste de la ciudad.

El alcalde de León, Francisco Fernández, firmó sendos convenios con el Ministerio de Industria y con la Junta de Castilla y León por importe de 30,5 millones de euros cada uno para financiar la construcción de “la montaña mágica” –el Palacio de Congresos-, como se conoce al proyecto diseñado por el afamado arquitecto Dominique Perrault. O lo que es lo mismo: los dos partidos más relevantes -si atendemos al número de votos- de los sistemas políticos nacional, autonómico y local suman su granito de arena presupuestario desde las instituciones que gobiernan dejando de lado otra serie de cálculos numéricos relacionados con la estrategia electoral.

El autor Josep María Colomer, en su libro Grandes Imperios, pequeñas naciones, sostiene la tesis de que la descentralización política en un Estado plural como el nuestro garantiza a largo plazo la unidad del territorio y minimiza el riesgo de involución democrática. Siendo esto cierto, la existencia de distintas entidades políticas territoriales con autonomía solo tiene razón de ser desde una perspectiva federal si toman conciencia de que todas son Estado. La ciudadanía no puede admitir que los proyectos se ejecuten con mayor o menor rapidez dependiendo de si las instituciones competentes para ello son monocromas o no. No es una teoría académica, es un mandato constitucional. Hoy celebramos la normalidad.

Publicado en La Crónica de León el 16 de diciembre de 2009 en la página 2

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