21 de abril de 2010

Razonabilidad de Estado

Almendro anaranjado / La ventana de una lágrima
Razonabilidad institucional

Cuando uno se acerca vertiginosamente a su columna número cincuenta se da realmente cuenta del mérito que tiene desempeñar el trabajo que durante años Fulgencio Fernández o Cachafeiro llevan haciendo: triturar la información de manera rigurosa y exhaustiva, sirviéndola cuidadosamente en una bandeja para ilustrarnos, a la par que mantienen con acreditada solvencia opiniones personales acerca de diversos temas que nos afectan. Y es que uno nunca sabe realmente si consigue mantener la atención del lector con el paso de las semanas ni tampoco si es precavidamente pusilánime o intrépidamente aguerrido. Esta cuestión queda al subjetivo juicio del lector.

Sea como fuere, esta semana me dicen que tengo conciencia de lo público y, ciertamente, no deja de ser una alabanza que, si bien desmedida e inmerecida, es de agradecer, más si proviene de alguien a quien respetas por su trayectoria y admiras por su valía. Acto seguido pienso en el análisis que leímos esta semana en estas páginas acerca de la insuficiencia financiera de los ayuntamientos cabeceras de comarcas, que se ven obligados a prestar una serie de servicios que benefician tanto a sus vecinos como a los de los municipios limítrofes y para los cuales apenas cuentan con recursos económicos. Al respecto debemos formularnos alguna pregunta: ¿Tienen sentido hoy en día las decimonónicas diputaciones provinciales? ¿Qué papel juegan las Comunidades Autónomas en el desarrollo del medio rural dentro del Estado? ¿Qué soluciones se pueden aportar?

Puesto que aún queda suficiente tinta, si usted sigue ahí en el futuro próximo, desarrollaré más exhaustivamente esta tesis en ulteriores columnas. Creo que las Comunidades Autónomas tienen la obligación de dibujar un mapa, comarcal o no, de prestación de servicios sociales básicos y obligarse a invertir en programas de dependencia, escuelas de infancia, educación y sanidad, financiándolos íntegramente. Solo así podremos descargar de dicha responsabilidad a los ayuntamientos de referencia supramunicipal y las diputaciones podrán dedicarse íntegramente a apoyar técnica y presupuestariamente a los municipios de menor población. Es razonable.

Publicado en La Crónica de León, el 21 de abril de 2010, página 2

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